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El TSJA obliga a la Junta a mantener otro concierto.

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El Alto Tribunal Andaluz otorga las cautelares solicitadas por los padres para Los Escolapios.

 

 

 

Nuevo varapalo judicial a la política de concertación de la Consejería de Educación. Si el pasado mes de junio el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) concedía a los padres y a la orden salesiana las medidas cautelares solicitadas para mantener un aula concertada suprimida por el departamento que dirige Mar Moreno en el Colegio San Juan Bosco de Morón de la Frontera, ahora el Alto Tribunal Andaluz, en una sentencia similar, ratifica el concierto que había denegado la Junta al colegio que Los Escolapios tienen en la barriada nazarena de Montequinto. En ambos centros la retirada de las ayudas se debieron -según Educación- a una bajada del descenso demográfico en la población con edad de escolarización (tres años), una tendencia que no se demuestra si se tiene en cuenta que la demanda para lograr plaza en ambos centros ha sido superior a la oferta para el próximo curso.

La resolución del TSJA da respuesta al recurso presentado por los padres afectados por dicha supresión en Los Escolapios, al que se le dejó de concertar un aula, por lo que sólo pudo ofertar 50 plazas para las que recibió 103 solicitudes. El letrado Jesús Muñoz de Priego Alvear es el que ha llevado la defensa de las familias, y ha manifestado al respecto que “el auto, al adquirir firmeza, permitirá la escolarización inmediata de los alumnos solicitantes, el mantenimiento de la oferta educativa del centro y la conservación de los puestos de trabajo”.

Este abogado acusa a la Consejería de Educación de “actuación no ya sólo muy llamativa, sino hasta escandalosa, y es evidente que no responde a ningún criterio demográfico”. Esta afirmación la realiza al tener en cuenta la demanda existente en dicha zona de la barriada de Montequinto, donde la Junta ha dotado de un aula más al colegio público Poetas Andaluces, que ha ofertado para el próximo curso 75 plazas pese a que sólo ha recibido 43 solicitudes.

“Es imposible que la Administración educativa justifique el cierre de una unidad concertada y con demanda contrastada, en beneficio del incremento en la misma zona de una nueva unidad en otro centro público sin demanda por los padres ni para cubrir las unidades que tenía previamente en funcionamiento. Es evidente que la Junta es un obstáculo para favorecer la libertad de elección”, concluye el letrado.

FUENTE: Diario de Sevilla

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